martes, 12 de junio de 2018

Prevención de desastres, ausente de agendas de presidenciables


Ciudad de México. El tema de las políticas de gestión de riesgos ante desastres está “totalmente ausente” de la agenda electoral de los candidatos y partidos políticos, señalaron expertos de diversas instituciones de educación superior, quienes presentaron una serie de recomendaciones, encaminadas, sobre todo, a la prevención.
Sergio Puente Aguilar, investigador de El Colegio de México, reportó que entre 2004 y 2014, el gobierno federal destinó 231 mil millones de pesos para la atención de la población, derivadas de situaciones de emergencia, mientras que casi en ese mismo periodo apenas se invirtieron 2 mil 100 millones de pesos para la prevención.
En conferencia, realizada en el Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, fue presentado el documento El futuro de la gestión integral del riesgo de desastres en México: una visión de política pública desde la academia, que será entregado a los aspirantes a puestos de elección popular, con el objetivo de sensibilizarlos sobre el tema.
Al leer el documento, Irasema Alcántara Ayala, investigadora y ex directora del IGg, aclaró que “los desastres no son naturales, sino socialmente construidos”, pues la transformación de los fenómenos físicos o naturales en amenazas, es producto de la actividad humana. Por ejemplo, muchas de esas amenazas derivan del crecimiento de la población y de los patrones inadecuados en la urbanización.
Las 30 recomendaciones formuladas por los expertos están divididas en tres ejes: del Sistema Nacional de Protección Civil, del carácter de las políticas públicas transversales para la gestión integral del riesgo de desastres, y lo relativo a la normatividad.
Sobre este último punto, se recomienda instaurar un sistema de rendición de cuentas por parte de las instituciones de gobierno relacionadas con la gestión integral de riesgo de desastres y promover que las sanciones por daños ambientales (por parte de los funcionarios, civiles o del sector privado) sean penales y no sólo administrativas, además de resarcir los daños provocados al medio ambiente y las poblaciones afectadas.
Otro punto es cambiar el enfoque de protección civil por una “perspectiva de gestión integral del riesgo de desastre” con una orientación de seguridad humana, e integrar los planes actuales de atención de emergencias (DN-III, Marina y México).
Los expertos firmantes del documento pertenecen a la UNAM, El Colegio de México, el IPN, Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

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