Sonriente, ‘‘tranquilo’’ y confiado, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa aceptó la extradición voluntaria a México para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le formuló la Procuraduría General de la República (PGR), por los cuales podría alcanzar penas que llegarían hasta 40 años por delincuencia organizada y 15 por ‘‘lavado de dinero’’.
Durante la audiencia, realizada en Guatemala, aseguró que no cometió los delitos que se le imputan, ya que en las acusaciones no se acredita su participación –ni la de su familia–. Sin embargo, de acuerdo con los documentos leídos por la Fiscalía de Guatemala, las imputaciones en su contra se fundaron en los señalamientos y declaraciones que realizaron sus amigos y ex socios en una compleja trama financiera para ocultar el desvío de recursos públicos; entre sus deponentes se encuentran Alfonso Ortega López y Arturo Bermúdez Zurita, quienes fueron identificados como algunos de sus principales operadores financieros y prestanombres.
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